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Estado necesita $ 177 millones para cancelar a maestros jubilados

La comisión ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados convocará al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para que responda inquietudes sobre el acuerdo ministerial 185.

La asambleísta Norma Vallejo (AP), presidenta de la mesa legislativa, dijo que se solicitó al funcionario un informe sobre los alcances de dicho documento, suscrito el 30 de agosto, el cual derogó el acuerdo 094 y estableció nuevas directrices para el pago de compensaciones jubilares a servidores públicos.

El documento derogado condicionaba el pago de la compensación a funcionarios menores de 70 años de edad y que hayan renunciado voluntariamente.

Legisladores y jubilados temen que el acuerdo 185 deje en el limbo a exfuncionarios que se jubilaron en mayo de 2017, al amparo de la  resolución 094. Vallejo indicó que serían alrededor de 500 personas las afectadas, a quienes “les obligaron a poner la renuncia” voluntaria citando el literal A del artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Otro tema que deberá responder Ledesma , quien comparecerá la última semana de septiembre, tiene que ver con valores adeudados a 8.832 maestros jubilados que entre 2008 y 2010 obtuvieron abonos parciales con base a la Ley de Carrera Docente, vigente en 2008.

Esa legislación, explicó Vallejo, debió ser reformada una vez que se aprobó la Constitución de la República en ese año, pues la Carta Magna estableció que los maestros jubilados tienen derecho a recibir cinco remuneraciones por cada año de servicio.

El Estado necesita aproximadamente $ 177 millones para cubrir los montos pendientes con ese grupo. Desde mayo de 2017 el gobierno ha cancelado $ 626 millones de una deuda total de $ 1.250 millones. En los siguientes años se pagarán $ 500 millones. En quince días la comisión prevé presentar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Fuente: El Telégrafo